Por María Cecilia Villegas
Y es que aquí no importan las instituciones per se, sino cómo y a quién se le aplican
Existe
en la memoria colectiva del Perú una tergiversación de la historia reciente. El
terrorismo ha pasado a llamarse conflicto armado interno. Belaunde es
considerado uno de los mejores presidentes. Fujimori habría sido un asesino que
ni derrotó a Sendero ni hizo las reformas que han permitido el crecimiento
económico y la caída de la pobreza de los últimos 25 años. Pedro Huilca habría
sido asesinado por el Grupo Colina. Y el Programa de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar (PSRPF) habría realizado 300,000 esterilizaciones
forzadas. Nada de eso es cierto, y muchos de quienes lo propalan lo saben.
En
Cinco esquinas, Mario Vargas Llosa mezcla tiempos y hechos, identificando la
corrupción del montesinismo con la violencia desatada por el terrorismo, a
pesar de que ocurrieron con años de distancia.
En
el Informe Final de la CVR, Fujimori es responsable de delitos de lesa
humanidad, mas no de la captura de Abimael. Y Belaunde y García, quienes
gobernaron en los años donde más violaciones a los derechos humanos hubo, solo
responsables políticos.
El
segundo gobierno de Belaunde fue en el mejor de los casos mediocre. Se violaron
derechos humanos en cantidades y la corrupción de funcionarios fue harto
conocida. Además, su gobierno se caracterizó por la concentración de poder,
teniendo mayoría en las dos cámaras (algo inaceptable en caso Keiko gane las
elecciones): 98 de 180 diputados y 28 de 60 senadores. Ello sin contar a los
del PPC, con quienes cogobernó. Y es que aquí no importan las instituciones per
se, sino cómo y a quién se le aplican.
La
muerte de Pedro Huilca fue reconocida por Sendero, y contra su memoria, la
viuda y las hijas cambiaron su versión y cobraron una cuantiosa indemnización
al Estado Peruano gracias a Diego García Sayán.
El
PSRPF (1996-2000) buscó que las mujeres pobres pudiesen acceder gratis a los
servicios de salud, beneficiando a 850,000 familias al año. Proveyó de todos
los métodos anticonceptivos disponibles. En 1997, el 13% de usuarias eligió una
AQV (ligadura), 33.6% Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU y 12% condones. ¡El
87% de los beneficiarios eligió una opción distinta a la AQV! La Defensoría de
Pueblo documentó solo 150 casos de esterilizaciones sin consentimiento
(sancionables sin duda), es decir, el 0.06% del total de AQV.
Colofón:
Diego García Sayán, desesperado por un ministerio, niega que en los 90 se
sentaron las bases del crecimiento de los años 2000, década en la que además
nos beneficiamos de un entorno internacional envidiable.
